Jorge Di Pascuale

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El 29 de Diciembre de 1976 un grupo de hombres armados, invocando una comisin oficial, y sin ms razn que la fuerza, se llev a nuestro Secretario General, Jorge F. Di Pascuale. Desde ese momento hasta la fecha se realizaron innumerables gestiones para conocer su paradero, pero todas resultaron infructuosas. Sus familiares, amigos, compaeros de la Asociacin de Empleados de Farmacia, instituciones y personalidades nacionales e internacionales y an los distintos gobiernos extranjeros, invariablemente recibieron la misma respuesta por parte de los sucesivos gobiernos militares: un silencio culpable.

Probablemente creyeron que el silencio los ayudara a eludir inevitables responsabilidades, y que en transcurso del tiempo terminara por enfriar la misma pasin de los reclamos, pero se equivocaron.
Estos aos de oscuridad, de descreimiento, de frustracin, de injusticia y de dolor han templado nuestro nimo. Como el pueblo, al que pertenecemos, no por adscripcin sino por origen, ideologa y destino, y junto al cual transitamos el arduo pero fecundo camino hacia la liberacin de nuestra patria, hemos madurado en la adversidad. Al amparo de sus rigores hemos fortalecido y agigantado nuestra fe, nuestras convicciones y nuestro valor. Esta circunstancia determina que hoy nos encontremos de pie, ms firmes que ayer, exigiendo el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido a Jorge F. Di Pascuale.

A pesar del entraable afecto que nos une a nuestro Secretario General, no magnificamos el suceso. Sin embargo, el hecho constituye, indudablemente, una grave violacin de los derechos humanos y, carente de fundamentos jurdicos y politicos, slo puede inscribirse como una brutal expresin de la ominosa Doctrina de la Seguridad Nacional.

Esta afirmacin con todo lo elocuente y veraz que puede resultar, nos obliga a formar algunas reflexiones sobre su real significado en la vida nacional.
En la Argentina, como en otros pases latinoamericanos, la Doctrina de la Seguridad Nacional ha servido de ideologa justificadora de una minora que, en su nombre, se adue del poder, se autoproclam defensora de la civilizacin occidental y cristiana, dividi a los argentinos en rprobos y elegidos, concentr todas sus energias en descubrir enemigos interiores y, finalmente, con la excusa de combatir a un terrorismo minoritario, sin arraigo popular, instaur un terrorismo de Estado, tan reprobable como el otro, que vulner las normas escenciales de la convivencia civilizada, despreci la moral cristiana y sepult los derechos y garantas reconocidos a los argentinos por la Constitucin Nacional.
Lamentablemente, este rosario de desventuras y desaciertos que se enhebr durante estos aos desde la soledad de poder no fu producto de la casualidad ni de una apreciacin equivocada, sino la descarnada manifestacin de un proyecto politico y econmico que, para su properidad, necesit organizar la destruccin del hombre y la tierra argentinos.
El secuestro y posterior desaparicin de Jorge F. Di Pascuale, como el de tantos otros compatriotas, demuestran con dramtica expresibidad cmo operaba la Doctrina de la Seguridad Nacional en la realidad jurdica y politica argentina.

En lo jurdico, esta violencia irracional significa : el absoluto desconocimiento de los derechos de la personalidad, entre los que se cuentan los derechos a la vida y a la integridad fsica, incluidos entre los que enunncia el articulo 33 de la Constitucin Nacional; la violacin del derecho a la libertad, que no se reduce a declaraciones abstractas, sino que adquiere expresin concreta en el derecho a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal; y el total desprecio por el habeas corpus, la garanta instituida para proteger la libertad individual contra los excesos del Estado.
Sin embargo, esto no es todo. Tambin se ha vulnerado la seguridad jurdica, valor escencial de la sociedad moderna, al negarse el derecho a la jurisdiccin, que se asegura con las garantas del debido proceso y de los jueces naturales, que en principio, importan la sustanciacin de un juicio ante un tribunal de justicia, designado por la ley, y el cumplimiento de las etapas de acusacin, defensa, prueba y sentencia. Finalmente, debemos tener en cuenta que las funciones judiciales son indelegables y que la Constitucin le prohibe al propio Presidente de la Nacin ejercerlas, an durante el estado de sitio. Pero ninguna de estas consideaciones detuvo al gobierno militar, que no tuvo el menor escrpulo en usar direccionalmente el poder para imponer su modelo de sojuzgamiento nacional y exclusin popular.

En cuanto a lo poltico, en Jorge F. Di Pascuale no se ha reprimido a un subersivo, a un corrupto o a un servidor de ideologas extremas, a los que, por otra parte, nada autoriza a sustraerlos de la mano de la justicia. No, en l se ha pretendido sofocar las genuinas concepciones y aspiraciones revolucionarias del pueblo argentino, sas que no se nutren de modelos transplantados mecnicamente ni de odios cerriles, porque su fuerza les viene de la memoria y de la prctica colectiva de un pueblo que hizo la independencia con San Martn, que la defendi con los caudillos federales, que creci polticamente con el yrigoyenismo y que , por fin, encontr en el peronismo la sustancia social que lo encamin hacia la autntica liberacin del hombre argentino.
Este gobierno militar, embriagado de autoritarismo y de soberbia, en Jorge F. Di Pascuale ha perseguido antes que a un dirigente sindical representativo, comprometido con la vida y el destino de los trabajadores, a una conducta sin dobleces, a una definicin ideolgica y poltica, a una consciencia al servicio de la patria y de su gente, a una permanente vocacin por la libertad, la justicia y la dignidad humana, a una pasin por la participacin y el protagonismo popular en la realizacin de una sociedad justa y democrtica. Estas razones son las que han alentado la ciega violencia descargada sobre nuestro Secretario General. Las que pudiera invocar el gobierno de las Fuerzas Armadas para justificar su proceder, seguramente slo servirn para acrecentar su ya interminable desprestigio.

En estos tiempos en que se promete institucionalizar la Repblica, se llama al dilogo y se predica a la reconciliacin de los argentinos, las autoridades de esta etapa del proceso militar tienen la oportunidad de demostrar la seriedad y el alcance de sus propsitos, ofreciendo la respuesta que hasta ahora han negado con tanto empecinamiento. Deben saber, como lo sabemos nosotros y todos los sectores de la vida nacional, que la desaparicin de Jorge F. Di Pascuale, como la de cualquier argentino, exige un inmediato esclarecimiento y el juzgamiento de todos los responsables. Hemos crecido lo suficiente como para abrigar estriles deseos de revancha. Pero tambin amamos demasiado a nuestro pas y creemos fervientemente en la democracia como para pensar que podemos empezar a reconstruir la sociedad argentina sobre una herida abierta, que implica un agravio hacia la dignidad humana y a las normas primarias de convivencia social. Ninguna sociedad puede edificar su futuro sobre la impunidad de los violentos. Esto sera como apostar a la muerte y nosotros creemos profundamente en la vida, en una vida plena, con justicia en la distribucin de la riqueza y con respeto por la persona humana, en la que el hombre puede realizar su destino trascendente.

La iglesia ha sealado las bases de la nica reconciliacin posible : la verdad, arrepentimiento, justicia y misericordia. Y a ellas adherimos. Esperamos que tambin lo hagan los responsables de este inicuo proceso militar y pongan lo que deben : la verdad y el arrepentimiento, porque al pueblo le corresponden la justicia y la misericordia. Solo cuando se hallan dado estos pasos podremos comenzar a levantar el pas justo, libre y soberano con el que soaron los mejoes hombres que di esta tierra y con el que todava soamos la inmensa mayora de los argentinos.


Alfredo Luis Ferraresi

Horacio P. Mujica